Asociación de empresarios del metal de Elche

Novedades en la Ley de residuos y suelos contaminados

Tras realizar una primera valoración de la nueva Ley 22/2011, que entró en vigor a finales de julio

Las asociaciones de CONEPA plantean sus dudas sobre la nueva normativa de residuos y suelos contaminados a las Comunidades Autónomas

En principio la Ley 22/2011 de  Residuos y Suelos Contaminados no supone importantes modificaciones para el taller respecto al marco jurídico anterior, según un primer informe de evaluación realizado por el Área de Medio Ambiente de la Federación Española de Empresarios Profesionales de Automoción, CONEPA, y presentado ayer en su periódica reunión de secretarios.

Las asociaciones integradas en CONEPA contactarán de inmediato con los departamentos competentes de las distintas comunidades autónomas para  conocer los plazos en los que tienen previsto poner en práctica las modificaciones introducidas en la nueva Ley: "Es importante saber tanto los plazos temporales como la forma en que se van a implementar los cambios para poder transmitir esta información a la mayor brevedad posible a los talleres", señala Víctor Rivera, secretario general de la federación.

Del análisis del Área de Medio Ambiente de CONEPA se deprende que el contenido de la nueva norma no va a cambiar sustancialmente las responsabilidades que tienen los talleres en esta materia. Desde la Federación, las principales novedades se centran en la nueva figura del "negociante", que compra y vende residuos, pudiendo no tomar posesión física de los mismos, un intermediario cuyo papel en el sector de la reparación y mantenimiento de automóviles representa de momento una incógnita, y la responsabilidad ampliada del productor del producto que pretende mayor implicación a nivel económico, técnico y medioambiental de los fabricantes de productos que, con el uso, se convierten en residuos.

Objetivos de la norma

La Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados, publicada en el BOE el pasado 29 de julio y en vigor un día más tarde, apuesta por la prevención, maximizando el aprovechamiento de los recursos, y la disminución de los impactos adversos de su producción y gestión sobre la salud humana y el medio ambiente.

El nuevo texto normativo articula la coordinación entre administraciones públicas, delimita las obligaciones entre productores y gestores, y configura los instrumentos necesarios para llevar a cabo una política de residuos más ambiciosa y eficaz. Además se crea un marco legislativo común para que los fabricantes y responsables de la puesta en el mercado de los productos que con su uso se convierten en residuos, se involucren en la prevención y gestión de los mismos.

Asimismo, tiene como objetivos clarificar las competencias de las entidades locales en relación con los residuos generados en los municipios y simplificar trámites administrativos utilizando un registro compartido entre las administraciones de modo que se garantice la transparencia y trazabilidad en la gestión.