El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley por el que se regula la contratación con los consumidores de préstamos o créditos hipotecarios y de servicios de intermediación para la celebración de contratos de préstamo o crédito.
Ésta será la primera vez que se regule la actividad de entidades no financieras que ofertan créditos.
Según la Vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, se busca mejorar la protección de los consumidores en un sector cada vez más complejo e importante y, también, se pretende evitar falsos anuncios de supuestos créditos milagrosos o condiciones financieras aparentemente irresistibles.
Entre los aspectos más relevantes de la nueva regulación se encuentran:
La obligación de las empresas a inscribirse en un registro autonómico y en uno estatal. Esta inscripción será un requisito imprescindible para que las empresas puedan operar válidamente.
Se ha de ofrecer transparencia en los contratos y en la publicidad ofrecida.
Hay que informar al consumidor del precio total que deberá pagar. En este precio se deberán incluir todas las comisiones, cargas y gastos.
Se han establecido mecanismos de resolución extrajudicial de conflictos.
Además, el proyecto prevé el derecho de desistimiento en los contratos de intermediación. Se establece que deberá otorgarse al consumidor un derecho de desistimiento en los 14 días naturales siguientes a la formalización del contrato sin alegación de causa alguna y sin penalización.
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